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Unidad Nacional de Protección
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Atención al Ciudadano

 Editor de contenido ‭[4]‬

​​

LAS RECOMENDACIONES DEL CERREM SE FUNDAMENTAN EN EL ESTUIO DE NIVEL DE RIESGO Y SON ADOPTADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ACUERDO AL DECRETO 1066 DE 2015, ADICIONADO Y MODIFICADO POR EL DECRETO 567 DE 2016​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

RADICADO

ACCIÓN DE TUTELA


DESPACHO JUDICIAL

PROBLEMA 

JURÍDICO

PRONUNCIA-
MIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA​

DECISIÓN SEGUNDA​

INSTANCIA​ REVOCA LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA


CONCLUSIÓN​

2017-00068-01​

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN «A»​

¿El acto administrativo suscrito por el Director General de la Unidad Nacional de Protección, en el que adopta la recomendación del Comité Especial de Servidores y Ex Servidores Públicos, vulnera o no el derecho fundamental al debido proceso del accionante?​


LA UNP SE PRONUNCIO DENTRO DE TERMINO INFORMANDO LO SIGUIENTE:

 
Las medidas de protección recomendadas por el Comité Especial – se asignan en función de la matriz (creada por el Ministerio del Interior y de Justicia y encontrada adecuada para valorar el nivel de riesgo en casos individuales, por la Corte Constitucional mediante el Auto 266 de 2009) que, a su vez, distingue la intensidad del nivel de riesgo ponderado para cada caso en particular.
 
El riesgo del accionante fue ponderado como riesgo ordinario el cual según el Decreto 1066 de 2015 y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional no amerita medidas especiales de protección por parte de esta entidad.
 
No es la acción de tutela el mecanismo idóneo para acceder a la pretensión elevada, ya que como se mencionó en los fundamentos de Derecho, existe un procedimiento ordinario en la Unidad Nacional de Protección, en la evaluación del nivel del riesgo, que debe ser agotado para poder acceder a medidas de protección y será con base en el mismo que se determinará si se requiere o no medidas de protección.
 
UNA VEZ EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA TUVO CONOCIMIENTO DEL ARGUMENTO DE LA DEFENSA, MEDIANTE SENTENCIA MANIFESTÓ LO SIGUIENTE:​



En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Caquetá tuteló el derecho fundamental al debido proceso del accionante y ordenó a la Unidad Nacional de Protección mantener las medidas de protección otorgadas mediante la Resolución, mientras se adelanta una actuación administrativa con plenas garantías y con los estudios correspondientes para determinar las medidas de protección que requiera el actor.
 
EN ESE SENTIDO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA TUTELO EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y ORDENO:
 
“SEGUNDO. - ORDENAR al Director de la Unidad Nacional de Protección, mantener las medidas de seguridad otorgadas mediante la Resolución, mientras se adelanta una actuación administrativa con plena garantía del debido proceso con los estudios correspondientes para determinar realmente las medidas de seguridad que requiera o no el actor, en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta sentencia”.
 
POR LO ANTERIOR LA ENTIDAD IMPUGNÓ DICHA DECISIÓN ARGUMENTANDO:
 
1.El fallador de instancia NO tuvo en cuenta la respuesta de la acción de tutela, así como tampoco el marco normativo aplicable al programa de protección que lidera esta entidad.
 
2.  El estudio de nivel de riesgo que realiza la UNP se erige como la herramienta idónea y calificada para evaluar el nivel de riesgo de las personas, tal cual lo dispuso el marco normativo de la entidad y fue ratificado por decisión de la Honorable Corte Constitucional.
 
3. El fallador de instancia al ordenar un nuevo estudio de nivel de riesgo a favor del señor Perdomo está inmiscuyéndose en la competencia de la autoridad administrativa, toda vez que el estudio de evaluación del riesgo corresponde a un estudio técnico realizado por especialistas que cuentan con la experticia e infraestructura técnica indispensable para establecer a ciencia cierta si determinada persona requiere o no medidas de protección.​

 


EL CONSEJO DE ESTADO MANIFESTO:

 
“Es claro, entonces, que la Unidad Nacional de Protección, adoptó las decisiones emitidas por el Comité Especial según lo recomendado por un grupo técnico de la entidad, y que, en el acta, se expresaron las razones concretas por las cuales se consideraba necesario clasificar el riesgo del accionante como ordinario. Es decir que su actuación se desarrolló en el marco de sus competencias regladas y no obedeció a un criterio arbitrario de la entidad
 
La Corte Constitucional ha determinado que la Unidad Nacional de Protección vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, cuando valora el nivel de riesgo de los solicitantes o define las medidas de protección sin alguna motivación que esté fundada en un estudio previo e individualizado de la situación de la persona interesada[1]. Circunstancia que no se acompasa con el presente caso, ya que la motivación del acto de finalización de la medida de protección se soporta en el acta del comité especial, que se reitera, avaló y aprobó la reevaluación del nivel de riesgo realizada por el cuerpo técnico dispuesto para tal fin.
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, dispuso:
 
 
 
Se revoca la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, (…). En su lugar se dispone:
 
Se deniega el amparo de tutela deprecado por el señor, conforme a la parte considerativa que antecede”.
 
 
 
[1] En la sentencia T-224 de 2014.

 ​

De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala concluye que no existe mérito suficiente para considerar que la Unidad Nacional de Protección haya vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del accionante, puesto a que el acto administrativo por medio del cual se adoptaron las decisiones emitidas en el comité especial de servidores y ex servidores públicos de la entidad, se fundamentó en el acta por medio de la cual dicho comité avaló la reevaluación del nivel de riesgo actual del beneficiario, es decir, no se acreditó una vulneración que haga necesaria la intervención del juez constitucional​

 Editor de contenido ‭[3]‬

​​

​NO SE PUEDE DESCONOCER LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA QUE TIENE LA 

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN EN LA DETERMINACI​ÓN DEL NIVEL DE RIESGO.​ ​ ​ ​​

​ ​ ​ ​ ​ ​

RADICADO

ACCIÓN DE TUTELA


DESPACHO JUDICIAL

PROBLEMA 

JURÍDICO

PRONUNCIA-
MIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

DECISIÓN PRIMERA

INSTANCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 

DECISIÓN SEGUNDA​

INSTANCIA​ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE​ CASACIÓN LABORAL​


CONCLUSIÓN​

​​2017-00001​

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACION LABORAL​​

¿Puede el juez constitucional mantener medidas de protección indefinidamente, desconociendo la competencia de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION?​

LA UNP SE PRONUNCIO DENTRO DE TERMINO INFORMANDO LO SIGUIENTE:


La obligación de protección de la Unidad sobre un sujeto determinado, no se genera únicamente por pertenencia del mismo a una de las poblaciones objeto de protección, es necesario que exista y se encuentre el sujeto inmerso en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia del ejercicio directo de actividades o funciones públicas, políticas, sociales o humanitarias.


Así las cosas, el convocante ha sido objeto de dos evaluaciones de riesgo por parte del cuerpo técnico de recopilación y análisis de información -CTRAI-, siendo la última en 2015, en la cual se obtuvo como resultado un 50.00 % de nivel de riesgo extraordinario y de acuerdo con la reevaluación del riesgo por temporalidad que se realizó en 2016,


Con base en el anterior estudio se decidió el ajuste de las medidas de protección en concordancia con lo regulado por el Decreto 1066 de 2015 adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016.

 

UNA VEZ EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA TUVO CONOCIMIENTO DEL ARGUMENTO DE LA DEFENSA, MEDIANTE SENTENCIA MANIFESTÓ LO SIGUIENTE:​



“SEGUNDO. Ordenar al Doctor Diego Fernando Mora Arango, como Director General de la Unidad Nacional de Proteccion o quien haga sus veces, y al Brigadier general Oscar Antonio Gomez Heredia, como Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra, o quien haga sus veces, mantener en forma definitiva el restablecimiento del esquema de seguridad del señor Néstor Dario Monsalve Castaño, ordenado como medida provisional el 11 de enero de 2016”. 


Por lo anterior la entidad IMPUGNO dicha decisión argumentando:


1.El fallador de instancia NO tuvo en cuenta la respuesta de la acción de tutela, así como tampoco el marco normativo aplicable al programa de protección que lidera esta entidad.


2.Las consideraciones del fallador de primera instancia desconocen a todas luces la competencia de la autoridad administrativa, al no soportar sus decisiones en las recomendaciones del CERREM, como autoridad administrativa, quien adoptó la decisión con base en el estudio de nivel de riesgo realizado por la Unidad Nacional de Protección.


3.Es importante tener en cuenta que el fallador de instancia no cuenta con las herramientas para determinar si las presuntas amenazas a las que hace referencia el accionante en el escrito de tutela pueden generar un riesgo inminente ya que no cuenta con los elementos facticos y técnicos para considerar que existe grado de certeza y suficientes elementos que así lo demuestren  


con base en los argumentos anteriormente descritos, en la impugnación el juez de segunda instancia manifestó lo ​siguiente:

En el presente evento, considera la Sala que acorde con lo señalado, no es procedente acceder a los pedimentos del actor, toda vez que la «labor de análisis sobre la viabilidad de otorgar programas de protección escapa sin duda alguna a la función constitucional, toda vez que el ordenamiento colombiano consagra una regulación particular que demanda la realización de estudios de niveles de riesgo a partir de las denuncias hechas por los solicitantes. Procedimiento que de ninguna manera puede residir en cabeza del juez constitucional como equivocadamente parece entenderlo el demandante» (STP16442-2016)


Teniendo en cuenta lo anterior, habrá de revocarse la orden impuesta al Director General de la Unidad Nacional de Protección -UNP- y al Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra.


No sin antes conminar a la UNP que practique una nueva valoración de la seguridad personal al señor Néstor Darío Monsalve Castaño, con el fin de suspender, retirar, renovar o modificar los términos de las medidas de seguridad asignadas.


​Co​n base en los argumentos anteriormente descritos, la CORTE SUPREMA DE JUSTICA – SALA DE CASACIÓN LABORAL, concluyo que la entidad encargada de realizar los estudios de nivel de riesgo y definir las medidas a las que haya lugar es la unidad nacional de protección, ​

 Editor de contenido ‭[2]‬


NO SE PUEDE DESCONOCER LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA QUE TIENE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.​ ​ ​ ​


RADICADO

ACCIÓN DE TUTELA

DESPACHO JUDICIAL

PROBLEMA 

JURÍDICO

PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

DECISIÓN PRIMERA

INSTANCIA

DECISIÓN SEGUNDA​

INSTANCIA​

STL3502-2017

​CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

​​Puede el juez constitucional sustituir las competencias de las autoridades administrativas de la UNP, para brindar medidas de protección personal

​​​La Unidad Nacional de Protección adujo que las medidas de protección se rigen por el principio de temporalidad, previsto en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, en virtud del cual es necesario evaluar si es procedente ajustar, ratificar o retirar las medidas de protección. el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas - CERREM determinó que la situación del actor estaba enmarcada en un riesgo de carácter ordinario, con una matriz del 40.00 % y, como resultado de ello, se dispuso la finalización del esquema de seguridad que tenía hasta el momento. Afirma el accionante que es dirigente sindical, que debido a ello había sido víctima de varios atentados y amenazas contra su vida; que en el año 2015 fue declarado objetivo militar por parte de un grupo de paramilitares, aseguró el protegido que las medidas de protección fueron confirmadas para el resto de los miembros del sindicato, mientras que él fue desprotegido esto después de un estudio de nivel de riesgo arrojado como ORDINARIO. Con merito a lo anteriormente expuesto el accionante solicito solicitó: “(…) se ordene a la unidad nacional de protección, U.N.P. se me realice un nuevo estudio de nivel de riesgo y amenaza por parte un (sic) analista de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta los factores o situaciones de hecho existentes pidió, como medida provisional, que se ordenara a la autoridad accionada mantener el esquema de protección (…)

Mediante providencia del 13 de enero de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla concedió el amparo solicitado. En consecuencia, dispuso: “(…) ORDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP adscrita al MINISTERIO DEL INTERIOR, mantener las medidas de protección dispuestas inicialmente como provisionales al protegido, hasta tanto la jurisdicción competente decida de manera definitiva, por lo que el accionante dentro de los términos deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para lo pertinente (…)”

“(…) Estima esta sala que no es función del juez constitucional sustituir las competencias de las autoridades administrativas a quienes el legislador les ha designado la labor de estudiar, evaluar y determinar si hay lugar o no a brindar medidas de protección personal, pues efectivamente, es la Unidad Nacional de Protección quien tiene a su cargo el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos y comunidades que están en situación de riesgo extraordinario o extremo (…)”​

 Editor de contenido ‭[1]‬

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LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION NO ESTÁ OBLIGADA A SEGUIR PRESTANDO EL APOYO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN​ ​ ​ ​


RADICADO

ACCIÓN DE TUTELA

DESPACHO JUDICIAL

PROBLEMA 

JURIDICO

PARTE MOTIVA

CONCLUSIÓN DE LA SALA

66001-23-33-000-2016-00711-01​

​CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -

SECCIÓN CUARTA

​La Sala deberá determinar si el fallo de primera instancia se ajustó a derecho al amparar el derecho fundamental de petición y al negar la protección de los derechos fundamentales  a la vida, a la integridad y a la seguridad personal de un protegido, porque (i) no se probó la existencia de un perjuicio irremediable y (ii) el auxilio de transporte, legalmente, ya no hace parte de las medidas de seguridad, y, si se ajustó a derecho al amparar el derecho fundamental de petición y negar el amparo de los demás derechos invocados.

​La Sala observa que las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), siempre y cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo.

De igual manera, el mencionado decreto, en el artículo 2.4.1.2.11, estableció que en virtud del riesgo, las medidas de seguridad que se entregarían a las personas objeto de protección serían: (…)

• Apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo. Consiste en el valor que se entrega al protegido del programa, para sufragar el precio del contrato de transporte, para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que se entrega al protegido del Programa para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la suma correspondiente a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

La norma anterior fue modificada parcialmente por el Decreto 567 de 2016, particularmente, en lo concerniente a la medida de protección de apoyo económico para transporte terrestre, que fue eliminada. En consecuencia, en el artículo 2º ejusdem dispuso:

Artículo  2°. Modifíquese el numeral 1.3 y el numeral 1.7 del artículo 2.4.1.2.11 del capítulo 2, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, el cual quedará así:

"Artículo 2.4.1.2.11. Medidas de protección. Son medidas de protección:

(…)

• Apoyo de transporte fluvial o marítimo. Consiste en el recurso económico que se le entrega al protegido para sufragar el precio del contrato de transporte fluvial o marítimo, para brindar condiciones de seguridad en sus desplazamientos y movilidad. El valor que se entrega al protegido del Programa para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la suma correspondiente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

 

Como se ve, el Decreto 567 de 2016 eliminó el transporte terrestre de las medidas de seguridad, por lo que queda claro que dicha medida ya no deberá imponerse como carga a la UNP, toda vez que no es obligatoria

​​​La medida del apoyo de transporte terrestre del Artículo 2.4.1.2.11, Parágrafo 1°, Numeral 1.3 del Decreto 1066 de 2015 fue derogada con la modificación que realizó el Artículo 2° del Decreto 567 del 8 de abril de 2016, en ese sentido la UNP no se encuentra inmersa en la obligación de cancelarle a los protegidos dinero alguno por concepto de apoyo de transporte terrestre.​

Ultima Actualización: 24 de Agosto 2017​​ ​

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