Bogotá, (Dic/3/15).- La Unidad Nacional de Protección aclaró sobre ​el restablecimiento del esquema de seguridad del exparlamentario Wilson Borja, que según los medios de comunicación la Corte Constitucional ordenó su nueva implementación, el fallo correspondiente ya fue acatado por la entidad, a pesar de que el mismo accionante impidió en varias ocasiones el cabal acatamiento de dicha decisión.  ​

Precisa la UNP que las vulneraciones a las que hacen referencia los medios de comunicación tuvieron lugar en febrero de 2014, las cuales fueron objeto del fallo de tutela de segunda instancia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 15 de abril de 2015, confirmado por la Corte Constitucional en instancia de revisión.

Este fallo de tutela de segunda instancia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó que “se restablezca y continúe brindando la protección especial por parte del Estado de manera integral con el esquema de seguridad y medidas asignadas antes de dichas decisiones, hasta tanto se lleven a cabo las actividades estimadas en la parte considerativa de este fallo.”

En el caso del dirigente Wilson Borja la evaluación de riesgo se desarrolló en estricta observancia y con sujeción al debido proceso y a la normativa que rige el programa de protección, y teniendo en cuenta todos los hechos por él manifestados y debidamente aportados como generadores de un riesgo actual.

Señaló la Unidad Nacional de Protección que “es importante resaltar lo que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Laboral, al propender por garantizar el respeto al resultado de valoraciones que realicen los expertos”.

En torno al tema, el alto tribunal afirma: “En los anteriores términos, existen autoridades especialistas en la evaluación de los riesgos de personas con particulares condiciones de vulnerabilidad, que son las competentes para determinar el nivel de riesgo y las medidas pertinentes para afrontarlo.(…) tampoco puede el juez controvertir o revaluar las conclusiones de los expertos en la materia, para ordenar directamente la ejecución de medidas de protección”.

Para dar cumplimiento a lo ordenado por el alto tribunal, la  Unidad Nacional de Protección inició una nueva ruta de evaluación,  la cual culminó con la implementación de un esquema acorde con su situación de riesgo actual.

Indica la UNP que los estudios de nivel de riesgo tienen tres momentos de análisis: el primero de ellos a cargo del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la información, CTRAI, que recopila la información en campo y de diferentes entidades de seguridad del Estado, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería y  las Alcaldías, a través de las Secretarías de Gobierno.

Luego el Grupo de Valoración Preliminar – GVP- se encarga de analizar la situación de riesgo  de cada caso con la información aportada por el CTRAI y, finalmente,  el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM- o el Comité Especial de Servidores y Ex Servidores Públicos, según el caso, validan el riesgo y recomiendan las medidas a que haya lugar.