El Director de la Unidad Nacional de Protección, UNP,  Diego Fernando Mora, reveló hoy que la entidad  a su cargo, en una decisión que reafirma su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos,   inició en el área de Tumaco, Nariño, un proyecto “piloto” de tipo participativo para realizar con la ciudadanía un estudio de riesgo colectivo que permita construir soluciones integrales frente a las amenazas de las que son objeto dichas comunidades del litoral  pacífico.

El alto directivo señaló que, al respecto, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección expidieron recientemente una resolución  cuyo principal objetivo es “establecer un protocolo que permita realizar un estudio de riesgo colectivo directamente con la comunidad donde se evidencie la magnitud y el tipo de amenaza, tras lo cual la Unidad Nacional de Protección se constituirá en el ente articulador del esfuerzo interinstitucional para enfrentarlas”.

Al hablar en el acto de instalación del Foro para el diseño participativo de un protocolo diferencial de protección para los defensores rurales de derechos humanos, Diego Fernando Mora expresó que, tras un largo trabajo del Ministerio del Interior con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR,  sobre el tema ya está en proceso la modificación por decreto de la denominada “Ruta de protección”, es decir, los pasos que deben seguir las personas o los colectivos sociales que pretendan acceder al servicio de seguridad que presta el Estado a través de la UNP.

En el acto inaugural del evento, auspiciado por la Embajada Británica y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Diego Fernando Mora explicó que la nueva norma  enfatizará en el cambio de la forma en que se viene haciendo  el estudio de riesgo. “Este comprenderá un análisis de cada situación desde los más variados puntos de vista, no solo desde el enfoque de  seguridad, sino contemplando aspectos más amplios, y dándole gran importancia al acompañamiento directo de la comunidad. Tras ello se acudirá a las instancias del Gobierno que deban  encargarse de mitigar el riesgo de acuerdo con sus competencias”, afirmó.​​​​​​​​​​​​​