Augusto Rodríguez y la UNP
El primer gran acto de Augusto Rodríguez luego de posesionarse como director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue convocar a los presidentes de los sindicatos (12 de septiembre de 2022), a una reunión en donde planteó sus ejes estratégicos. En la UNP hacen presencia 19 organizaciones sindicales afiliadas a diferentes centrales obreras.
Sin tanto preámbulo y detalle precisó que su administración pensaba proyectar la formalización del contrato laboral para todos los trabajadores (en la UNP hay cerca de 9 mil escoltas tercerizados) con el objeto de dignificar la vida y, de consumo, con la política social del presidente Gustavo Petro, ejecutar el programa del nuevo gobierno;explorar la posibilidad de adquirir o contratar nueva flota de vehículos (en la UNP Alrededor de 4.500 vehículos entre convencionales y blindados son tomados en arriendo de empresas rentistas), negocio controlado por un mercado concentrado y cartelizado, cuyo parque está obsoleto y en desuso y que además impone las tablas de costos y condiciones. A renglón seguido, puntualizó, que en el programa suscrito por el presidente Petro, se había dedicado de manera directa a la UNP 2 páginas, en donde se le establecía a la entidad nuevos derroteros. Dentro de ellos asumiría las funciones de protección hasta ahora ordenadas a la policía, cuando ésta saliera de la tutela del ministerio de Defensa. En algún momento el nuevo director indicó que de ninguna manera se contemporizaría con la corrupción y que buscaría por todos los medios limpiar la imagen de la entidad.
Los dirigentes sindicales, en términos generales, recibieron de buen agrado las palabras de la nueva administración y a su turno pasaron a repetir los pedidos que de manera inercial le venían haciendo a los anteriores cuadros directivos, pero no entendieron que estaban frente a un verdadero cambio de manejo y de concepción administrativos.
Y ésto lo confirma el hecho de que a pocos días de la cumbre un grupo de sindicatos -6 organizaciones afiliadas a la CUT- que habían estado en la reunión, convocaron a un “mitin informativo” (11 de octubre,2022) que terminó convertido en un paro de actividades de las oficinas centrales de la UNP; maltrataron al director, e incluso, cuando éste intentó ingresar al despacho fue retenido brevemente y se debió montar un operativo para rescatarlo porque los activistas inmovilizaron el vehículo asignado a su seguridad.
Nadie entiende cómo unos directivos sindicales reaccionan así ante un gobierno que no solo los oye y los interpreta, sino que convierte en política de Estado sus viejas banderas. Pero ocurrió. Sin embargo, la nueva patronal no solo no se ofendió sino que concilió ante los inspectores del trabajo, cuando éstos verificaron que unos líderes que tienen contrato laboral con empresas privadas resuelven suspender a la fuerza labores de una empresa pública con la que no tienen vínculo contractual y que, además, los beneficia con extensiones solidarias (Anexo 5), y les tramita ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, el proceso de planta temporal hasta llegar a la planta definitiva para superar la tercerización. De manera paralela, en otra directriz, Augusto Rodriguez, firmó la actualización y nivelación de la tabla de honorarios que se traduce en un incremento considerable.
Algo más de los sindicatos…
Del total de trabajadores directos e indirectos de la UNP, alrededor de 11 mil -apenas 2 mil- están afiliados a los 19 sindicatos y esto tiene sus implicaciones en materia de fuero sindical, permisos sindicales remunerados y días cesantes. Ni que hablar de la cantidad de tiempo que el director y las dependencias deben dedicar a los grupos o a las organizaciones en razón a que la nueva administración, producto de su criterio ideológico, ha decidido mantener un diálogo constante y fluido con los sectores sociales y atender sus quejas.
Pero hay otro factor que hace especial a los sindicatos de la UNP. Si bien es cierto, no son todos, sí algunos, de tiempo atrás, han mantenido una relación non sancta con la corrupción y el caos administrativo de la entidad.
Se sabe de dirigentes sindicales que más que representar a sus afiliados se han especializado en negociar peticiones particulares por una parte, por otra, traficar con información privilegiada y confidencial del interior de la empresa y a su vez trabajar por el interés competitivo de las empresas rentistas. Pero hay algo más, que raya con lo penal, y es que, de tiempo atrás, hay fuertes indicios de que señalados dirigentes hacen parte del entramado mafioso y criminal que golpea a la institución.
Hablamos del abuso de los medios institucionales y “venta de servicio” de transporte a turistas, en paseos, utilizando los recursos de la entidad. Dinero que iba a parar al bolsillo del dirigente sindical y del cual éste se jactaba por su habilidad para cometer la fechoría.
Otro directivo sindical comprometido con acusaciones de venta y alquiler de esquemas de seguridad. Desmán que tiene múltiples variables y son leyenda en la entidad. Desde trámite de un esquema de seguridad blindado a un desmovilizado, aprovechando que se hace parte del entramado administrativo como funcionario o contratista para luego poner en venta el esquema consolidado, hasta tener diversas ofertas dependiendo de los recursos del demandante. Dentro de la delincuencia el mercado también regula las transacciones.
Camionetas, armas, emblemas y personal utilizado para el transporte de droga, dinero, armas y personal en procesos delictivos. Es parte del paisaje el uso de placas falsas. Uno de estos elementos fue encontrado, recientemente, en el bolsillo de una persona asesinada. Dentro de la camioneta inmovilizada con el alijo de cocaína había profuso material de insignias que supera el número de escoltas asignados al esquema en cuestión.
https://www.noticiasrcn.com/colombia/camioneta-de-subdirector-de-unp-con-150-kilos-cocaina-435706
Es bueno mencionar que este tipo de eventos han sido comunes en la UNP y de manera extraña pocas veces o nunca las autoridades respectivas encargadas de investigar, probar y sentenciar han llegado a culminaciones exitosas y ejemplarizantes. Por el contrario, la connivencia es otra particularidad de la historia de la UNP. Hay un sinnúmero de casos documentados cuyo finiquito legal nunca llega a ninguna parte y en donde se evidencian extrañas manos e influencias.
Con todo, el director, Augusto Rodríguez, cada vez que habla ante medios, autoridades, legisladores en el Congreso o ante los mismos empleados, sabe hacer la distinción. “Los trabajadores de la UNP en su inmensa mayoría son gente honesta, capaz y colaboradora; los sindicatos, en términos generales, merecen respeto, apoyo y estímulo. La actual administración tiene una gran afinidad con el derecho a la protesta, a la organización sindical y la legítima acción de negociar peticiones, pero sí hay algunos (por fortuna son pocos) que hace un buen tiempo abandonaron la vocación de servicio y se han dedicado a labores mafiosas, sindicaciones que deben ser aclaradas, valoradas y sentenciadas por la justicia”.
Rentistas, incumplimientos y falsos blindajes
Ha dicho el director Rodríguez que en materia de seguridad la UNP es continuadora de políticas, desplegadas y deploradas del extinto DAS(Departamento Administrativo de Seguridad) de no grata recordación. Buena parte de su filosofía, arquitectura administrativa y misionalidad se distingue muy poco de lo que en esas materias hacía el DAS. La UNP no sólo heredó un grupo grande de colaboradores de esa entidad sino también su práctica, sus problemas jurídicos y su vocación perniciosa.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10678357
El periodista Julian Martinez que consolidó un trabajo denominado“Chuzadas” (https://www.otraparte.org/agenda-cultural/literatura/chuzadas/) ha sido, como protegido, maltratado, además espiado y perfilado. En algún momento padeció acciones de entrampamiento y para liberarse de ellas le plantearon una extorsión a objeto de aliviar “sus problemas”. Quien Intentó el cobro de dinero fue un alto ejecutivo de la entidad, de entonces.
La normatividad de la UNP está diseñada para garantizar el negocio del riesgo y la industria de la protección. El 70% del presupuesto anual de la UNP (1.12 billones anuales, aprox.) pasa a manos de empresas rentistas de vehículos y tercerizadoras de escoltas. En ese sentido, la UNP, no es más que un instrumento de intermediación entre los recursos del erario y el ejercicio rentista privado.
El parque automotor es añejo, sobreexplotado, buena parte de él permanece en talleres, los contratistas no responden con el vehículo sustituto y, salvo ahora, reciben sanciones por incumplimiento. Lo que menos importa es la vida del protegido, en lo que no se puede fallar es en el pago facturario.
Son múltiples las quejas de usuarios cuyos vehículos averiados, sobre explotados e inoperantes los dejan a merced de la suerte en caminos o carreteras siendo fácil presa de los asesinos. Las empresas rentistas tienen la obligación contractual de reponer o sustituir el vehículo varado, pero ésto no se cumple y nunca tuvo sanción o exigencia alguna.
La “toyotización” de la UNP
Es preciso revisar el marco legal de funcionamiento de la entidad. En la UNP, en materia de usuarios, no todas las personas son iguales ante la ley. Los funcionarios nombrados o elegidos tienen derecho casi automático a esquemas de protección, con apenas un leve análisis de riesgo, en tanto que el resto de poblaciones (Defensores de DD HH, étnicos, periodistas, ambientalistas, campesinos, líderes, lideresas, y un largo etc) no disponen de convenios y deben demostrar y probar el riesgo.
Pero, además, la “toyotización” de la vida protectora ha creado una nueva cultura social que deberá ser contrastada con los nuevos parámetros de la protección humana. Es el estatus que aporta el vehículo blindado y la compañía del escolta en armas. Para muchos “protegidos” en razón a su cargo, el esquema es su cómodo medio de transporte, que le facilita la movilidad, el parqueo, y la apertura expedita a la diligencia pasando por encima de la fila de las gentes de a pie. Y en el otro lado está el defensor social asediado por la criminalidad y las bandas armadas que tiene que afrontar un tortuoso proceso y demostrar con pruebas o evidencias rotundas que es perseguido y amenazado. Muchos de éstos padecen atentados mientras disponen apenas de un chaleco, un escolta que lo acompaña de copiloto en una moto o un botón de pánico.
Bien lo dice la editorial de El Tiempo: “también cabe un llamado para que esta sociedad pase la página de los esquemas de seguridad como referente de estatus. Y es que, por desgracia, son muchos los recursos que se siguen destinando a brindar protección a personas que no la necesitan, pero que no acceden a desprenderse de este privilegio”.
https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/blindar-la-unp-editorial-el-tiempo-726008
Los concejales de Bogotá
Un juicioso artículo de Caracol Noticias Investiga, menciona que “Colombia tiene más de 12 mil concejales, pero solo 57 de ellos tienen esquema de protección y carros blindados. De esos 57 amenazados, 40 son de Bogotá”. La concejala Marisol Gómez cuestiona los criterios de Análisis del Riesgo que llega a la conclusión de que todos los concejales de Bogotá tienen riesgo extraordinario que obliga a implementarles esquemas de protección robustos, y agrega: “La labor de un concejal es hacer control político y hacer denuncia, pero también hacer denuncia es el trabajo de un periodista, de un juez, de un fiscal, de un líder social, incluso de los influencers, y no por hacer denuncia ellos per se tienen un esquema de seguridad; tienen que tener una amenaza específica y un riesgo específico porque, si no, no cabrían las camionetas por todo el país”.
No le sobra razón a la cabildante. Los concejales de Bogotá, a excepción de 5, disfrutan (y acá el”disfrutan” es literal) de camionetas blindadas muchos de ellos por razones distintas al riesgo de amenaza sobre sus vidas. La pregunta sería, si Bogotá fuera una ciudad con presupuesto pobre, sin capacidad de hacer convenio para pagar el servicio, ¿sus concejales tendrían esquemas de protección blindados? Tal vez le ocurriría como a los centenares de cabildos de toda la nación donde sus dirigentes utilizan sus propios recursos para transportarse, como es la cotidianidad de todos los ciudadanos.
¿Y la justicia qué?
El hecho que la protección sea una oferta institucional derivada del DAS y que la UNP haya quedado como una agencia de seguridad del Estado y, a su vez, el Estado haya mantenido durante largo tiempo, como supuesto teórico, el responder y atacar al enemigo interno para enfrentar la amenaza insurgente, lo relativo a garantizar la vida quedó reducido al vehículo blindado y al escolta en armas. Por fuera de este concepto los demás insumos quedan pálidos. Por ello el foco, cada vez que los medios titulan con episodios que afectan la vida de líderes y dirigentes, se dirige hacia la UNP.
La dinámica, entonces, es presupuesto para sostener y expandir el negocio del blindado y del escolta, pero esto no resuelve la causa, el origen y la mecánica del asesinato individual y colectivo. Es preciso dar una respuesta al narcotráfico, los cultivos ilícitos y considerar la prohibición de las drogas, contradicción económica que está en la base del drama violento colombiano.
Por supuesto que resolver el conflicto guerrillero, paramilitar, dar el tratamiento respectivo a las mafias regionales y la delincuencia común, aristas de lo que se ha dado en llamar secuencia multicrímen, está en la ruta de la respuesta integral.
Pero mientras tanto algo puede hacerse. Y es acá en donde el país de manera inexplicable le cubre el rostro a la justicia.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la lideresa, Lourdes Castro, del programa Somos Defensores llamó la atención sobre un aspecto que poco se menciona: “¿por qué en Colombia, frente a 5552 casos de asesinatos, y atentados mortales la Fiscalía solo presenta 2 sentencias y 7 casos en juicio?” Los presentes reaccionaron como buena parte de la opinión pública: hacer un gesto y continuar con los brazos cruzados. El director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, que estaba presente respondió corrigiendo las cifras: “son 11 sentencias condenatorias, 6 casos resueltos (principio de acuerdo); 55 casos con acusación o imputación y 18 órdenes de captura. No vamos a decir que lo dijo con tono triunfante, pero casi. ¿Puede quedar bien parada la justicia, frente a miles de asesinatos de líderes sociales, al ofrecer esas cifras? La primera deducción forzosa es aceptar que la impunidad en Colombia es catedralicia y que los sicarios tienen la certeza que al cometer el homicidio no serán abordados ni molestados. Cobrarán y podrán programar el próximo en la tienda de la esquina. Y los determinadores intelectuales, podrán celebrar en el casino. Todo esto, mientras los titulares le exigirán a la UNP que responda.
Diciembre 22 de 2022
Grupo de Comunicaciones Estratégicas, UNP.
ML
