Menú UNP

Noticias

Inicio  /  Comunicados   /  Comunicado de Prensa

Comunicado de Prensa

TENIENDO EN CUENTA LAS INQUIETUDES PRESENTADAS CON RESPECTO A LA GESTIÓN REALIZADA POR LA UNP EN EL CASO DEL SEÑOR TEMÍSTOCLES MACHADO, NOS PERMITIMOS MANIFESTAR​​:

1.  En el marco de la movilización organizada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, a mediados del año pasado, la Unidad Nacional de Protección recibió 30 casos de sus integrantes, con el propósito de adelantar estudios de riesgo.

2.  De los 30 casos remitidos, se completó el proceso de Estudio de Riesgo para 24 de ellos. En 1 no se logró iniciar el Estudio de Riesgo, ya que a pesar de los requerimientos de la UNP para tener un primer contacto con la persona, esta no respondió ninguno de los llamados.

3.  En 5 de los casos remitidos, las personas a las que se les inició el proceso de Estudio de Riesgo, manifestaron al analista asignado por la Unidad Nacional de Protección su decisión de No acceder al mencionado procedimiento. Lo anterior quedó documentado en un acta individual, en la que cada una de las personas consignó dicha decisión.

4.  Es pertinente señalar que el principio del consentimiento para acceder a realizar una evaluación de riesgo es un requisito de todos los programas de protección especial que existen en Colombia, y para el caso de la Unidad Nacional de Protección, está establecido en el numeral 5, artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015 que señala:

“Consentimiento: La vinculación al Programa de Prevención y Protección requerirá de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del protegido respecto de la aceptación o no de su vinculación” 

5. Como ya se ha mencionado, el caso del Señor Temístocles Machado fue uno de aquellos mencionados en el numeral 3 del presente comunicado. El acta de desistimiento del procedimiento de Evaluación de Riesgo data del 28 de Agosto de 2017, y tal como se ha afirmado en medios de comunicación, en la misma se hace referencia a que, si bien desiste del Estudio de Riesgo, solicita una “evaluación global para su comunidad”.

6.  La solicitud de atención desde el punto de vista comunitario se venía haciendo desde la movilización liderada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, la misma había sido sujeto de análisis y seguimiento por distintas entidades del Estado, entre las que efectivamente estaba la Unidad Nacional de Protección, así como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en reuniones llevadas a cabo el 20 de Junio, el 4 de Julio de 2017, el 18 de Julio de 2017 y el 28 de Agosto de 2017.

7.  La Unidad Nacional de Protección realizó 2 sesiones privadas con los integrantes del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, en las que se explicó el mecanismo de evaluación de riesgo establecido por la Resolución 1085 de 2015 expedida por el Ministro del Interior, las cuales se llevaron a cabo el 3 de Agosto de 2017 y el 26 de Septiembre de 2017.

Fruto de esas dos sesiones, se estableció conjuntamente con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que la expectativa que había sobre las medidas de protección colectiva hacían referencia a acciones estatales que escapaban la órbita de competencia de la Unidad Nacional de Protección. Las medidas hacían referencia, por ejemplo, a cámaras de seguridad para los barrios, eventos de reconocimiento a la labor desarrollada por los líderes sociales, mecanismos de reparación por violación de Derechos Humanos o adelanto de investigaciones judiciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura no formalizó la solicitud de protección colectiva ante la UNP, mediante la presentación de los documentos básicos para iniciar el procedimiento de Evaluación de Riesgo Colectivo, tal como lo dispone el artículo 10 de la Resolución 1085 de 2015.

8.  ​En ese orden de ideas, la Unidad Nacional de Protección reitera su disposición para atender los casos que conforme sus competencias corresponden, y que en la actualidad garantizan medidas de protección a 3662 Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, a nivel nacional, con la asignación de 2552 escoltas, 1068 vehículos de seguridad, con su respectiva asignación de combustible, 148 apoyos de transporte fluvial, 2935 chalecos blindados, 3298 medios de comunicación celular con su respectivo plan de voz, 208 botones de apoyo y 362 apoyos económicos de reubicación.​

Tamaño de letra
Alto contraste