La paz es un derecho. La Paz del presidente Petro nace de escuchar a la gente que ha padecido las viejas violencias y las que están por resolverse en territorios urbanos y rurales. Del gran acuerdo del Teatro Colón del presidente Santos, de las recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad y de los reclamos del estallido social se alimenta la paz. Sabíamos que la tarea sería difícil.

Supimos que afectaríamos intereses poderosos enquistados en los ciclos de guerra y violencia en Colombia desde hace mucho tiempo, que el lucro es para muchos lo único que importa. Al cerrar la fase de seis meses de acercamientos y de medir la voluntad de paz de grupos armados asistimos a una oleada de obstrucciones y saboteos a nuestra gestión.

Escuchando la voz de los territorios, de su gente campesina, afrocolombiana e indígena, hemos entablado intercambios con las madres, los hermanos, las hijas e hijos de quienes determinan el curso de violencias urbanas y rurales en el país. El clamor de paz y tranquilidad, en muchos casos, nace en el seno de las familias mismas de los victimarios, de los guerreros. Lograr lazos de confianza es el camino para convencer a los responsables de la violencia de que otra vida es posible en Colombia.

Los acercamientos han sido aprovechados por personas inescrupulosas y algunos abogados que, acostumbrados a tranzar con favores políticos y judiciales, hoy pretenden lucrarse con la confusión y el engaño. Su interés egoísta los empuja a obstaculizar los espacios de diálogo que buscan resolver la criminalidad. Han llegado a acusar a nuestra Oficina de Paz de perfilarlos o incluso de querer asesinarlos.

En las cárceles hemos escuchado y dialogado con reclusos poderosos que han sido parte del conflicto y que aún son piezas clave en el rompecabezas de la violencia urbana. Con ellos hemos conversado desde hace tiempo, buscando su aporte a la paz, y jamás les hemos ofrecido excarcelaciones o salidas a la extradición.

En el campo, el diálogo y los acuerdos de cese el fuego con grupos armados están empezando a interrumpir el libre flujo de recursos ilegales en grandes regiones. Hoy varios poderosos barones de la guerra que han amasado grandes fortunas con el narcotráfico y la minería ilegal están entendiendo que la paz significaría una imposibilidad de seguirse lucrando ilícitamente. Los jóvenes reclutados y los muertos han sido materia prima para sus negocios.

Hemos logrado también, en medio de tensiones armadas, que los grupos que ejercen un control territorial en áreas estratégicas restrinjan la expansión de los cultivos de uso ilícito, e incluso logramos pactar una disminución radical en el fenómeno de la deforestación, que venía tragándose nuestra selva amazónica y su

piedemonte nariñense. Las recientes imágenes satelitales del IDEAM así lo demuestran.

En Buenaventura —hasta hace pocos meses una de las ciudades más violentas del mundo— detuvimos una guerra sangrienta entre bandas armadas de jóvenes que dejaba más de 180 muertes violentas al año. Nuestra Oficina de Paz adelanta

procesos similares en ciudades como Medellín y Quibdó, y ya comenzamos en Barranquilla.

Al detener los asesinatos, también reducimos la extorsión, las fronteras invisibles, y el miedo que somete a barrios enteros a la quietud y el silencio.

La coherencia de nuestro Gobierno también se manifiesta en la apuesta por la humanización del sistema penitenciario y en la presentación del Proyecto de la Ley de sujeción y desmantelamiento con garantías de no repetición, que propiciará salidas estratégicas e integrales para que en Colombia vuelva a florecer la vida.

Cuando se detienen los engranajes del conflicto armado, también se detienen sus ganancias. En medio de la desesperación, quienes se benefician con la muerte —la muerte con balas, hambre y mentiras— están generando un clima de caos alrededor de la política de paz, con rumores de corrupción y de impunidad que se convierten en golpes de opinión que desalientan al país.

Respetamos y asumimos la crítica honesta que aporta a la paz desde el debate constructivo y democrático. Sin embargo, a la par de la crítica válida y valiosa de expertos y académicos a aspectos puntuales de la Paz Total, han surgido ataques personales y una campaña de difamación en contra de quienes estamos arriesgándolo todo por lograr cambios que posibiliten la vida digna para todos los colombianos.

En mi caso, pasé más de 30 años trabajando por los derechos humanos de las comunidades más golpeadas por la violencia. Caminando junto a las víctimas en los territorios, aprendiendo con su ejemplo de dignidad. Mi trabajo en defensa de la vida, por la verdad y la memoria, me ha llevado a dialogar con toda clase de personas: campesinos, mujeres, víctimas de la guerra, paramilitares, guerrilleros, militares activos y retirados, comparecientes ante la justicia y delincuentes condenados por crímenes de lesa humanidad. Todo con el único propósito de alentarlos a contribuir con la verdad y desarrollar propuestas de reconocimiento de responsabilidades, restauración y reparación integral.

Con ellos me he reunido, bien sea a la sombra de un árbol en el rincón más remoto de la selva del Darién, o en los salones más exclusivos de Bogotá. Y por supuesto, también, en muchas cárceles de máxima seguridad a lo largo y ancho del país. Igualmente, he coincidido en varios espacios con algunos de sus familiares.

Nunca he hecho promesas. Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos del poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz. Y nunca traicionaría los principios de integridad y altruismo que heredé de luchadores incansables como Eduardo Umaña, Josué Giraldo, Yolanda Cerón y el Padre Javier.

Estoy totalmente abierto al escrutinio público porque no tengo nada que esconder.

Si personas carentes de ética se han aprovechado de este momento para lucrarse personalmente, sobre ellas debe caer todo el peso de la ley, de modo que nadie más se atreva a usar la paz como un instrumento de enriquecimiento privado.

Por estos días concluye la fase de acercamientos con varios grupos armados de distinta naturaleza y, tras resolver una serie de dificultades recientes, vamos a iniciar fases formales de diálogo con grupos de origen rebelde.

Paralelamente, siguiendo los preceptos de la naciente Ley de sujeción y desmantelamiento, iniciaremos una fase de espacios sociojurídicos con grupos que no tienen origen rebelde.

Todo esto, apegándonos a la Constitución y la Ley, respetando las instituciones del Estado y la división de poderes, y protegiendo los derechos de las víctimas.

Los pasos de gigante de los planes de paz y, en el panorama más general, las grandes reformas que está implementando el presidente Petro, exacerbaron los recelos. Ahora, intentarán detenernos a toda costa. Hacerle el juego a los ataques arteros contra la paz, a los rumores y a la información falsa que tergiversa nuestras acciones, es caer en la trampa de quienes se lucran con el caos y la guerra, y le huyen a la verdad.

Sabemos que las víctimas conocen la trascendencia del momento histórico que vive Colombia, y esperamos que la opinión pública lo comprenda igualmente.

La guerra es un gran negocio para unos pocos. La paz traerá tranquilidad y prosperidad para el pueblo colombiano, pero no será negocio para nadie.

Ivan Danilo Rueda

Alto Comisionado para la Paz