*­En el primer semestre de 2023 hubo una disminución del 19% en los casos verificados de homicidios de defensores y defensoras de DDHH.

Mediante un informe detallado, Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un análisis sobre la situación de DDHH en Colombia entre enero y junio de 2023. En dicho informe se especifican avances, cifras y recomendaciones en relación con homicidios, masacres, índices de violencia, expansión territorial, reclutamiento, violencia sexual, extorsión, entre otros.

Avances

1. Adopción de una nueva política de seguridad humana con un enfoque integral de derechos que pone la protección de las comunidades y del medio ambiente en el centro de su acción.
2. Priorización en las políticas públicas de protección de las personas defensoras de derechos humanos como el fortalecimiento de la protección colectiva o el relanzamiento de Programa Integral de Garantías para mujeres defensoras.
3. Progreso en la formulación de una política de drogas con un enfoque no punitivo y de derechos.
4. Reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos en línea con la Declaración de las Naciones Unidas.
5. Impulso al desarrollo rural integral a través de varias apuestas para incrementar el acceso a tierras.
6. Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y su proceso participativo y de consulta con la ciudadanía.
7. Progreso en la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
8. Instalación de la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz.
9. Resolución sobre Colombia que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos para fortalecer la garantía de derechos humanos y la construcción de paz.

Homicidios de defensores y defensoras de DDHH

• ­En el primer semestre de 2023 hubo una disminución del 19% en los casos verificados de homicidios en comparación al semestre anterior de julio a diciembre de 2022.
• En el primer semestre de 2023 hubo 113 alegaciones, de los cuales 46 casos son verificados y 67 no son concluyentes.
• De estos homicidios fueron de 39 hombres (11 indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos) y 7 mujeres (1 indígena, 1 afrodescendiente, 3 campesinas)
• 35% de los asesinados eran miembros de Juntas de Acción Comunal. 13% autoridades indígenas. 7% autoridades afrodescendientes. 6.5% líderes de organizaciones campesinas.
• En comparación con el segundo semestre de 2022 hubo un aumento de casos en el Cauca (12 homicidios en el primer semestre de 2023)
• En comparación con otros semestres de casos verificados de homicidios de personas defensoras de DDHH: 59 en primer semestre 2022, 57 en segundo semestre 2022, 46 en primer semestre 2023.
• De los 46 casos en 25 casos podría estar involucrado un grupo armado no estatal (más del 50% de los casos)
• Disminución del 3% en los casos verificados entre el segundo semestre del 2022 y el primer semestre de 2022.
• Disminución del 19% en los casos verificados entre el primer semestre del 2023 y el segundo semestre del 2022.
• Disminución de 33% de los casos de desplazamiento entre el primer semestre del 2023 y el semestre anterior.
• Aumento de 2% de los casos de confinamiento entre el primer semestre del 2023 y el semestre anterior.

Masacres

• Al finalizar el primer semestre del 2023 hubo un aumento del 11% en el número de masacres respecto al segundo semestre del 2022.
• En el primer semestre, recibieron alegaciones de 63 casos de posibles masacres, de los cuales han verificado 52, 4 siguen en proceso de verificación y 7 fueron considerados no concluyentes.
• En las 52 masacres verificadas se registraron 168 víctimas: 124 hombres, 25 mujeres, 16 niños y 3 niñas. Además, 10 víctimas eran indígenas.
• En comparación con otros semestres de casos verificados de masacres: 45 en primer semestre 2022, 47 en segundo semestre 2022 y 52 en primer semestre 2023.
• Aumento del 4% entre el segundo semestre del 2022 y el primer semestre de 2022.
• Aumento del 11% entre el primer semestre del 2023 y el segundo semestre de 2022.
• Aumento del 1.2% en la cantidad de víctimas derivadas de este hecho de violencia entre el primer semestre del 2023 y el segundo semestre de 2022.
• Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

Índice de violencia

• En el segundo semestre de 2022, el índice identificó 117 municipios más afectados por la violencia, que se ubicaban en 26 departamentos.
• En el primer semestre de 2023 identificó 114 municipios ubicados en 24 departamentos.
• En el primer semestre de 2023, se destaca la concentración de municipios identificados por el índice en la categoría “muy alto” y “alto”.

Expansión territorial

• Expansión territorial de actores armados no estatales en varios departamentos como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare.
• Expansión territorial acompañada de medidas de control social violentas, que incluyen: homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras.

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes

• En el primer semestre de 2023 recibieron 57 alegaciones de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales de los cuales 48 fueron verificados y 9 están en proceso de verificación.
• De las 48 víctimas, 34 eran niños, 12 eran niñas y 2 casos no tienen información de género.
• De las 48 víctimas, 25 eran indígenas (17 niños y 6 niñas) y 2 afrodescendientes (1 niño y 1 niña)
• Se verificaron 115 casos de reclutamiento en 2022, de los cuales 35 pertenecen a grupos étnicos. Sin embargo, el informe anual del Secretario General destaca que en 2022 se verificaron 130 casos (77 niños y 53 niñas).
• 11 reglamentos de conducta elaborados por parte de los grupos armados no estatales impuestos en comunidades.
• Los departamentos más afectados son Amazonas, Antioquia, Arauca y Cauca.

Afectaciones a la libertad de expresión, restricciones del espacio cívico y contexto preelectoral

• En los últimos meses, en varios territorios, los grupos armados no estatales han implementado estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos.
• Grupos Armados No Estatales instrumentalizan a la población civil y sus organizaciones obligándolas a actuar en contra de su voluntad y a favor de los intereses propios de los grupos armados.
• Representantes de las JAC están siendo citados permanentemente a reuniones para rendir cuentas a los actores armados no estatales.
• El efecto cumulativo de restricciones y normas impuestas violentamente por actores armados no estatales ha generado un deterioro para la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas y comunidades en los territorios.

Homicidios de candidatos/as y líderes políticos

• En el primer semestre del 2023 recibieron alegaciones sobre 18 homicidios y una desaparición forzada de líderes y líderesas políticas.
• De estos 19 casos, 2 eran mujeres, 1 era afrodescendiente, 2 eran indígenas, y 7 eran campesinos.
• Los departamentos con el mayor número de casos son: Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle de Cauca y Nariño.
• En ciertos departamentos hay una serie de prohibiciones para que los candidatos puedan entrar hacer campaña a ciertas partes del territorio.

Violencia sexual

• Durante el primer semestre de 2023, recibieron 42 alegaciones de violencia sexual y basada en género en el marco del conflicto.
• 27 de las 42 han sido verificadas.

Extorsión

• De las 27 Alertas Temprana emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2023 se identificó que en 24 de ellas las extorciones son un factor de riesgo para la población civil.

Recomendaciones

1. Es importante que la voluntad de negociar expresada por los grupos se demuestre en un cambio en el trato que le dan a la población civil.
2. Mientras las negociaciones avanzan es necesario reforzar el control territorial del Estado y proteger a la población.
3. Es importante reforzar la petición de una serie de plataformas humanitarias, de derechos humanos, de organizaciones de mujeres, de organizaciones comunitarias, de autoridades y organizaciones indígenas y afrodescendientes y de juntas de acción comunal para que el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos sean ejes centrales de las negociaciones con los grupos armados no estatales.
4. Es prioritario que los grupos armados muestren su buena fe, respetando la integridad de líderes y lideresas en el territorio, de personas defensoras de derechos humanos, eliminando el reclutamiento infantil, las acciones que generan el confinamiento de poblaciones, las amenazas, y las restricciones a sus derechos.
5. Implementar efectivamente la nueva política de seguridad humana para proteger la vida y la población civil en los territorios articulada con las políticas de desmantelamiento y de paz total.
6. Se requiere una mejor articulación de autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio para fortalecer la presencia integral del Estado
7. Reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales.
8. Impulsar un dialogo estructurado permanente con los movimientos organizativos y de base territorial para empoderar y trabajar con quienes defienden la paz y mitigar el riesgo que está generando la presión de los grupos armados.
9. Instalar lo más pronto posible la Mesa Nacional de Garantías como el espacio de participación central entre el Gobierno y la sociedad civil en temas de garantías para que las y los defensores puedan desarrollar su crucial labor.
10. Adelantar, actualizar y concluir las medidas necesarias como la Ruta Étnica de Protección, los planes de salvaguarda, y los planes de salvaguardia ordenados por la Corte Constitucional para garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes.