• Durante 2022 y en lo corrido de 2023, 44 vehículos han sido robados al igual que 61 armas que hace parte de los esquemas de personas protegidas.
• “Si hay una verdadera decisión de entrar a un proceso de paz, hay que empezar a demostrarlo” dijo el director de la UNP.

Augusto Rodríguez director de la Unidad Nacional de Protección, amplió su denuncia sobre el robo de vehículos y armamento exclusivo de la entidad, por parte de grupos armados al margen de la Ley. En carta a los ministros del Interior, Defensa, así como a la oficina del Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda, Rodríguez reportó recientemente el robo de 40 vehículos, 59 armas de dotación, y 57 chalecos desde el año 2020 y hasta lo corrido de 2023, principalmente en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander.

Hoy, el director de la entidad que protege a miles de colombianos señaló enfáticamente que los responsables de estos hurtos son miembros de las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos al margen de la Ley que hoy pretenden ser parte del ofrecimiento de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro; “si hay una verdadera voluntad de paz, hay que empezar a demostrarlo” indicó Rodríguez.

Fuente: Noticias Caracol

Las denuncias ampliadas por el funcionario ante la opinión pública, se refieren igualmente a las camionetas blindadas, que son contratadas bajo la modalidad de arriendo y que son las más difíciles de sustituir en las regiones por la dificultad de acceso a la información. De igual manera, en el mercado nacional de vehículos se vuelve dispendioso conseguir camionetas con las características requeridas al interior de la UNP.

Durante el año 2021 se evidenció que el robo de armas aumentó en 245% respecto del año 2020. Sin embargo, durante 2022 este indicador logró reducirse al 74% y para 2023 se ha reducido en 5% con respecto al año inmediatamente anterior.

El pedido de Augusto Rodríguez ha sido el de marginar de cualquier actuación criminal a la entidad que dirige, por ello convocó al Alto Comisionado Danilo Rueda para que, en las eventuales negociaciones o mesas de diálogo con grupos ilegales, se mitigue esta difícil situación que perjudica grandemente la labor de protección para miles de personas en el país.