Asistimos a este congreso por gentil invitación de la Policía Nacional y porque su temática nos involucra de manera directa. El concepto de protección hace parte medular de la misión y visión de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y ha sido la razón de ser desde su creación, que por estos días cumple 11 años de ser fundada.

En sentido positivo el Congreso Internacional focaliza las buenas prácticas de protección de personas e instalaciones. Pero en lo que a nosotros respecta nos apartaremos un tanto de lo relativo a instalaciones pues el mandato derivado del actual programa de gobierno obliga a la UNP a dedicar recursos y esfuerzos a garantizar la vida, movilidad y derecho a expresarse a todas las personas, mujeres y hombres y profundiza el concepto Protección Humana en la previsión y prevención del riesgo de comunidades y territorios en todo el país, sin distingo de raza, etnia, idioma, cultura e influencia política, económica y social.

Nos compete, entonces, sumergirnos en la protección integral relativa a la visión humanística, pero siempre buscando ampliar y profundizar la participación democrática de las personas y comunidades y haciendo vinculante sus anhelos. Y claro, observando e incluyendo el territorio como protagonista de primer orden,porque sin él la integralidad no pasaría de ser una consigna.

No sobra reafirmar que el camino tomado por los colombianos en la mas reciente decisión política llama a convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. En ese sentido la protección de individuos e instalaciones,que debe seguir siendo una constante, amplía su radio de acción e integra a las personas, comunidades, territorios, culturas y aparece con fuerza la naturaleza, el agua, la topografía, los mares, el aire, el clima como una manera de reconocer la integralidad de la vida.

Como se recordará el nacimiento de la UNP se da luego de la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Entidad a la que no le cabía mas adjetivos del código penal. Desde filtraciones ilegales, pasando por venta de información, connivencia con organizaciones criminales, hasta violación sistemática de derechos humanos llevó al ejecutivo de entonces a procurar su desaparición. Alrededor de 800 agentes de un total de 5 mil, de este instrumento, pasaron a ser activo de la naciente UNP y el restante personal fue distribuido en otras entidades del Estado.

Por vía del Ministerio del Interior la trazabilidad del DAS pasó a la UNP. En la fisonomía, arquitectura y misionalidad de la UNP actual se mantienen algunas improntas de esa organización que fue concebida como una agencia de inteligencia y de seguridad del Estado. Pero en la distribución de tareas a la UNP le correspondió la de protección, fundamentalmente de servidores públicos en riesgo.

Esto es oportuno mencionarlo, porque es preciso recordar el contexto ideológico en el que se dio esa transición.

Aunque el país ya tenía experiencias exitosas de aplicación de procesos de paz con organizaciones insurgentes, como fue el caso del M-19, EPL, PRT y Quintin Lame, que fundieron sus armas para contribuir en la carta política de 1991 que, con reformas determinantes, sigue siendo el marco constitucional de nuestra sociedad, de todas maneras, el poder político privilegio en su estrategia de estabilidad y control la denominada teoría del enemigo interno y trasmutó la comprensión del delito político de rebelión en lo que se denominó la lucha contra el terrorismo.

En este mismo periodo, como consecuencia de las dos premisas anteriores se afianzaron los acuerdos de cooperación militar y la lucha contra las drogas y se volvió protagonista en la acción contra el terrorismo o enemigo interno los planes Colombia para combatir las organizaciones vinculadas con el narcotráfico y, en ese mismo sentido, se categorizó a las organizaciones insurgentes.

Es en ese marco en donde nace el concepto de protección de civiles ligado a las agencias de inteligencia que no distinguen a agentes o factores de aquellos que pueden poner en peligro la estructura del Estado o del gobierno.

Como resulta obvio, la normatividad que sirve de maqueta a la nueva estructura de protección privilegia a los servidores públicos de elección popular o a aquellos que representan el poder político, ya sea nacional o regional y pueden ser sujetos de acciones violentas. No así los líderes sociales (ambientalistas, periodistas, líderes campesinos, étnicos, afro, etcétera). Para los primeros, el soporte legal vuelve automático y robusto el esquema de protección en función del cargo, los demás tendrán que demostrar el riesgo y para éstos el proceso se vuelve dispendioso, complejo y la mayoría de las veces termina en una clasificación que los pone en igualdad de condición que el resto de la sociedad, es decir no dispondrán de instrumento de protección alguna, salvo acudir a las autoridades judiciales, organismos públicos, policía nacional o agentes privados.

De este mismo enfoque surge y se masifica lo que se ha dado en denominar la “toyotización” de la seguridad. La percepción de tranquilidad solo la da la camioneta blindada con hombres armados, por fuera de esta idea, hay vulnerabilidad y riesgo latente.

Ahora bien, el marco teórico y operativo de éste concepto lo dio la Seguridad Democrática desde principio del siglo 21 y que como se entiende, se resiste a permitir el influjo del nuevo mandato que puso la vida, el agua, el territorio, la naturaleza, el clima, la preservación de las especies, la descarbonización del ambiente y de la economía en el centro de la nueva sociedad humana y le propone al primer mundo en nuevo contrato, que equiparé la emisión de gases tóxicos, efecto invernadero, con el combate al CO2 en lo cual nuestras selvas, cada vez mas diezmadas, muestran su eficiencia.

Por tanto la Seguridad Humana focaliza la protección como garantía de la vida en las personas, comunidades y territorios y parte de un afianzamiento de la justicia social, ambiental y económica.

No somos ofensivos si decimos que la Seguridad Democrática potenció el Estatuto de Seguridad y la Ley Patriota en los años 80s y 90s que buscaron dar continuidad moderna al periodo paritario del Frente Nacional.

La nueva concepción, entonces, no desconoce la importancia de la camioneta blindada y del hombre en armas subcontratados por empresas rentistas, pero va más allá al incluir un entorno mucho más amplio que funde las justicias mencionadas antes.

Si no resolvemos la dicotomía de la lucha contra las drogas, debilitamos social, política y económicamente a los carteles de narcóticos que son la génesis de la actividad multicrimen y que han logrado cooptar un amplio sector popular de la juventud y de otros importantes segmentos sociales, no daremos abasto con  sumar camionetas blindadas y contratando hombres en armas y ningún presupuesto logrará bajar los índices de riesgo, atentados y homicidios que difícilmente apenas podemos atenuar.

Otro tanto ocurre con la desigualdad (nuestro país tiene el triste honor de encabezar  ese rubro)  creciente en zonas rurales, urbanas y territorios apartados, resguardos indígenas o enclaves de campesinos y afros que no conocen la presencia del Estado y son trofeo de caza de organizaciones criminales, instrumentales al narcotráfico, que imponen su ley, cultura, modelo económico y vuelven vergüenza la soberanía nacional.