La Ruta de Protección Colectiva hace parte del programa de prevención y protección establecido a través del Decreto 1066 de 2015 y administrado por la Unidad Nacional de Protección. El programa se creó en respuesta a la necesidad de impactar institucionalmente en todas aquellas poblaciones o colectivos amenazados por los diferentes actores armados y por las consecuencias, en general, del conflicto en las regiones.

Protección colectiva en el gobierno del cambio

Aunque, hasta el año 2021, las acciones institucionales estaban encaminadas a la atención asistencial, pues la evaluación se hacía desde la percepción de riesgo que se tiene en las entidades. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, se le dio voz a las comunidades e individuos que enfrentan la situación a diario en territorio y se empezó a hacer la evaluación desde la percepción de riesgo de los directamente afectados.

Así, se empezaron a implementar medidas tendientes a reducir los riesgos identificados por las mismas comunidades en su entorno y que, para estas, hacen parte importante de la seguridad individual y colectiva, como medios de transporte, cerramientos y capacitaciones, entre otros,  aplicando plenamente el enfoque diferencial, lo que se traduce en una mayor efectividad de las medidas que benefician a toda la comunidad, valorando y respetando sus creencias, tradiciones, valores, jerarquías y autoridad, aspectos constitucionalmente reconocidos.

Gracias a este cambio de enfoque, se redujo el tiempo de respuesta a las solicitudes, que pasó de hasta 9 meses en un trámite a máximo dos o tres meses, lo que aumentó la cobertura de atención en ruta de protección colectiva en 2023, implementando medidas a 114 comunidades y colectivos a nivel nacional, frente a las 63 atendidas en 2022.

Empoderar a las comunidades

La Subdirección de Evaluación del Riesgo de la UNP, área encargada de desarrollar la Ruta de Protección Colectiva, a través del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo – CETARC, trabaja actualmente en la actualización del instrumento estándar de evaluación del riesgo, no sólo como parte del proceso de modernización de la entidad, sino atendiendo el trabajo realizado con colectivos y entidades respondientes en temas de seguridad y protección. En esta articulación se ha evidenciado, además, que la evaluación de riesgo se venía haciendo sin tener en cuenta lo que el estado ya ha realizado en atención a los solicitantes, lo que duplicaba las acciones y ralentizaba los trámites.

También se adelantan acciones de prevención, gracias al diseño de una guía metodológica participativa que permitió el levantamiento de información en territorio, identificando los mecanismos de autoprotección propios y la incidencia de la institucionalidad en prevención y acción ante las amenazas. Gracias a este ejercicio mancomunado, las poblaciones son hoy más conscientes de sus propias fortalezas como organización y han empezado a generar protocolos de prevención y autoprotección acordes a su contexto territorial. La UNP proyecta generar redes locales y regionales de seguridad preventiva, a mediano plazo.

La integralidad de la Ruta de Protección Colectiva tiene como fin, no sólo mitigar los escenarios de riesgo identificados, sino contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades, impulsando a las comunidades a un estado de armonía y auto sostenimiento.