Un amplio balance de los procesos que desarrolla el Gobierno del​ Presidente Juan Manuel Santos para garantizar la integridad de las personas amenazadas en el país, hicieron hoy el Embajador Michael Kozak, Subsecretario Adjunto Principal para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en reunión con el Director de la Unidad Nacional de Protección Diego Fernando Mora.

Mientras el diplomático estadounidense manifestó su respaldo a la gestión institucional de la UNP, el Director explicó que el programa aísla la protección del componente militar o policial y que “prácticamente es un programa civil” dirigido a las poblaciones más vulnerables del país.

Ante el interés del embajador Kozack por el papel que cumplirá la UNP en el postconflicto, Mora Arango señaló que en ese momento la institución se enfrentará a un verdadero reto porque habrá un gran número de personas que requerirán medidas especiales de protección. Agregó que el tema ya se viene adelantando desde la Presidencia de la República con el apoyo del General Oscar Naranjo, Ministro Consejero para el postconflicto.

Destacó que las medidas de protección que brinda la UNP son diferenciales y se adecúan a las necesidades y condiciones de los amenazados, de tal manera que los presupuestos dedicados a tal actividad pueden ser utilizados eficientemente, incluso otorgando el beneficio de la reubicación, transporte, trasteo y demás medidas adicionales.

Al referirse a las autoamenazas que algunos utilizan para postularse fraudulentamente como protegidos o mantenerse en esa condición si ya la tienen, el Director de la UNP manifestó que cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional para establecer la veracidad o no de dichas denuncias.

Destacó que a la fecha ha disminuido el número de atentados contra los activistas y dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos con respecto al año anterior, aclarando que dichas situaciones de riesgo no están íntimamente relacionadas con sus actividades en condición de sindicalistas o defensores de Derechos Humanos, sino que corresponden a situaciones particulares.

Al referirse a la reorganización de la entidad, en cuanto al tema de incorporación del personal de escolta a la planta de la unidad indicó, que actualmente se adelanta bajo las orientaciones del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y que particularmente se avanza en la “destercerización” de la contratación, sin perder de vista los objetivos misionales ni la eficiencia en la administración de los recursos.

Agregó que en la actualidad se está haciendo una reforma a los decretos que rigen el Programa de Protección, incorporando un instrumento propio para la valoración del riesgo de grupos, colectivos o comunidades, la cual permita otorgar medidas de protección ajustadas a los riesgos en materia colectiva orientados a preservar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las comunidades. Dicha iniciativa otorgará responsabilidades y vinculará a las demás instituciones del Estado.  ​