Comunicado de Prensa
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS EN ATLÁNTICO HABRÍA ENGAÑADO A LA UNP Y A LA JUSTICIA PARA OBTENER Y MANTENER MEDIDAS DE PROTECCIÓN
EL Juez 16 de Control de Garantías de Barranquilla impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a la señora MARTHA ELENA DÍAZ OSPINA, quien se desempeña como Representante Legal de la Asociación de Familias Unidas por un Sólo Dolor – AFUSODO y contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección – UNP desde el año 2012.
Los hechos que le imputó la Fiscalía se adecuan a los tipos penales de Fraude Procesal, Fraude de subvenciones y Falsa denuncia, al haberse establecido que a la señora MARTHA ELENA DÍAZ OSPINA la UNP le había retirado su esquema de protección el 27 de julio de 2016, al determinarse que su nivel de riesgo era ordinario, pero en el trámite de un recurso de reposición en contra de esa decisión, la señora DÍAZ OSPINA presuntamente se ocasionó un auto atentado, propinándole unos disparos a su vehículo asignado, con cuyos hechos logró que se abriera un proceso penal por una tentativa de homicidio y que no se le retirara su esquema de protección por ser un hecho sobreviniente y se ordenara una reevaluación del nivel de riesgo.
En desarrollo de la investigación se determinó, con base en entrevistas y declaraciones juradas de otros partícipes, que dicho atentado no correspondía a la realidad, y que otras amenazas que desde el año 2009 denunció la señora MARTHA ELENA DÍAZ OSPINA y sobre las que se le habían otorgado las medidas de protección, tampoco ocurrieron sino que también serían falsas, como un sobre que aparentaba una bomba, correos electrónicos amenazantes, motocicletas y camionetas amenazantes, entre otras.
El costo del esquema de protección asignado a MARTHA ELENA DÍAZ OSPINA desde el año 2012 tuvo, según la Fiscalía, un valor superior a los 1.200 millones de pesos, suma sobre la que se imputó el delito de Fraude de subvenciones; las 5 denuncias presuntamente falsas, de amenazas y atentados, permitieron la imputación del delito de Falsa denuncia; y todos estos hechos, indujeron en error a los funcionarios que le otorgaron y ratificaron medidas de protección, por lo que también se le formuló imputación por el delito de Fraude procesal.
La UNP se constituyó como víctima en el proceso penal y participó activamente en las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que se realizaron en el complejo judicial de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).
