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Comunicado de Prensa

UNP no tiene responsabilidad en tema de chalecos aparentemente defectuosos, dice Contraloría

 

La Contraloría General de la República decidió recientemente abstenerse de adelantar actuaciones de responsabilidad fiscal contra la Unidad Nacional de Protección y, por el contrario, optó por archivar las diligencias relacionadas con la utilización –por parte de escoltas de la entidad–de chalecos blindados aparentemente defectuosos.

Salvo que exista mejor opinión, no existen méritos para adelantar actuaciones de responsabilidad fiscal sobre la materia de la denuncia, motivo por el cual se procederá a su archivo”, aseguró en un documento de ocho folios el contralor delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

El proceso en la Contraloría tuvo origen en una queja elevada –a principios de este año– por el presidente nacional del sindicato UT-UNP, Wilson Javier Devia, quien habló de “presuntos hechos de corrupción y omisión en contratos de hombres de protección de la Unidad Nacional de Protección” por parte de empresas operadoras que prestan servicios a la entidad estatal.

En concreto, Devia sostuvo que elementos de dotación utilizados por hombres de protección podían generar riesgo para los protegidos toda vez que existe “la posibilidad de que los chalecos no hubieran cumplido con las especificaciones técnicas señaladas por la norma NIJ0101.06”.

El reproche se basó en una prueba balística realizada respecto de un chaleco usado y cuyos resultados, aparentemente, indicaron que uno de los tres proyectiles perforó la prenda.

No obstante, la Contraloría concluyó –en primer lugar– que “las situaciones denunciadas anteceden al año 2013, desde cuando se implementaron las medidas de protección en cumplimiento de los contratos con diferentes compañías de las cuales hicieron parte las empresas involucradas”.

Para la Contraloría, adicionalmente, los contratistas son los responsables de “cumplir con las condiciones técnicas relacionadas con el armamento, chalecos de protección balística(…) y demás dotación de los escoltas”.

Y enfatizó en que la UNP exige en los procesos contractuales una condición elemental: que los chalecos cumplan con la norma NIJ0101.06 y que, por parte de los operadores, se aporten los certificados que así lo demuestren. En consecuencia –añadió–, para la UNP eso“es prueba suficiente que demuestra su cumplimiento” con la contratación y, desde luego, con la ley.

Ahora bien, para el máximo órgano de control fiscal del Estado de los documentos aportados por las firmas operadoras involucradas en la indagación se infiere que las pruebas efectuadas al chaleco que terminó perforado “no fueron correctamente aplicadas dado que las condiciones del elemento no permitían efectuar el ensayo en las condiciones en que se dio, porque se aplicó la velocidad de los proyectiles que corresponde a chalecos nuevos”.

Por todo lo anterior, para la Contraloría no hay duda de que “los bienes a que se refiere la denuncia no fueron adquiridos por la entidad UNP ni se emplearon recursos públicos para su adquisición, sino por las empresas prestadoras de los servicios de esquemas de protección”.

 

Bogotá, 23 de agosto de 2019

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