El Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, respondió en nombre del Gobierno Nacional, la misiva cursada al Presidente Juan Manuel Santos, por el Congreso de Los Estados Unidos de América en la que manifiestan su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan las comunidades de Curvaradó y de Jiguamiandó ubicadas en el Departamento del Chocó.

“Las complejidades que presenta el proceso de restitución de tierras en las Cuencas de los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, ha merecido que éste sea el proyecto piloto en esta materia.

Este es un momento particularmente complejo, en la medida en que ES DECISIÓN DEL GOBIERNO, proceder a la entrega del título colectivo, desalojar a los repobladores y ocupantes de mala fe de dichos territorios, así como sanearlo. Ello, sin duda, pone- y ha puesto- en riesgo a los líderes que han propiciado la restitución.

​​​​A ese efecto, como Ministro del Interior y coordinador de este proceso, he dispuesto la conformación oficial del grupo interinstitucional de gobierno que atienda, desde el más alto nivel de cada entidad concernida, a la comunidad.

Por supuesto, el tema más importante es procurar las medidas excepcionales de seguridad para los líderes amenazados. He dado precisas instrucciones a la Unidad Nacional de Protección para que adopte todas aquellas que sean necesarias en procura de tal fin.

Tenemos además contacto permanente con la comunidad para atender de manera inmediata las situaciones que se presenten. De hecho, conocemos aquellas mencionadas en la comunicación suscrita por 7 senadores del Congreso de los Estados Unidos de América y así las hemos manejado.

Como comprenderán, no puedo entrar a explicar en qué consisten tales medidas, por la propia seguridad de la comunidad. Pero tengan la certeza que desde el Gobierno los estamos acompañando en la recta final.​​​​​

La semana entrante reiniciaremos las actividades de recuperación del territorio, en cuanto las condiciones de seguridad, (que en este momento están dadas), nos lo permitan. Estamos preparados institucionalmente para ello. Conocemos la situación de los señores Ligia Chaverra y Enríque Petro, a quienes en la actualidad se prestan medidas especiales de seguridad.

La decisión del Gobierno, repito, es continuar. No nos amilanamos frente a las acciones de quienes, a toda costa, pretenden de nuevo paralizar el proceso. Adoptaremos todas las medidas para que, después de tantos años de violencia y de trabajo conjunto con las comunidades para definir quienes son los propietarios del territorio colectivo, podamos hacer entrega de los títulos de propiedad.

Lo propio ocurre con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, además de ser nuestro interlocutor legítimo, es objeto de protección por parte del Ministerio del Interior a través de la UNP”.​