El director de la Unidad Nacional de Protección dijo el miércoles que en casi todos los casos de asesinatos de líderes sociales colombianos no hubo denuncias de amenazas, y reveló que el objetivo de la entidad a su cargo es poder proteger también a los activistas cuyas vidas en apariencia no corren riesgos.

“Hemos encontrado que, en la mayoría de los casos de homicidios de líderes sociales que se han presentado, no había amenazas de por medio”, explicó Pablo Elías González Monguí durante una reunión de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

De acuerdo con González, “el gobierno (del presidente Iván Duque) ha planteado una política integral que cubra también la población de líderes sociales que no son amenazados, pero que requieren que nosotros les prevengamos ese riesgo”.

En encuentro con Forst, que se llevó a cabo en el Salón Bolívar de la Cancillería, González hizo hincapié en que el objetivo de la UNP respecto de las amenazas a activistas “es intervenir antes de que nos lo soliciten” organizaciones de Derechos Humanos y también otras autoridades colombianas.

Durante la jornada de trabajo en el centro de Bogotá, el funcionario indicó que la víspera la UNP ajustó sus cifras y estableció que 4.367 defensores de derechos humanos del país están siendo protegidos por la entidad creada en 2011.

De ese total de protegidos, 1.241 son mujeres y 3.126 hombres.

González también habló de las protecciones colectivas y precisó que éstas se hacen con base en talleres con la comunidad. “Es decir, las medidas son concertadas y muchas veces la comunidad es la que nos indica cuáles son las medidas adecuadas” para la seguridad de sus miembros.

En ese sentido, dijo, la UNP ha propendido por el respecto, por ejemplo, a las comunidades indígenas, que rechazan el uso de chalecos blindados “porque eso va en contra de su cultura. Además, no usan armas y sí, en cambio, bastones de mando o de autoridad”.

Al cierre del encuentro, Forst dijo estar sorprendido por la forma positiva como el gobierno colombiano estaba trabajando por la protección de los defensores de derechos humanos.

Se tiene previsto para las próximas horas una visita de Forst a la sede principal de la UNP en el barrio Puente Aranda de la capital colombiana.

Por parte del gobierno, la jornada de trabajo estuvo encabezada por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía.