Bogotá, 26 de febrero de 2019 (@UNPColombia)El director de la Unidad Nacional de Protección le pidió el martes al Congreso una adición presupuestal de por lo menos 300.000 millones de pesos para que las actividades de la entidad a su cargo no sufran traumatismos en lo que resta del año.

“El gran problema que tenemos en este momento (en la UNP) es el presupuestal”, indicó Pablo Elías González Monguí en la Comisión Primera del Senado de la República donde en la jornada se discute el Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con el alto funcionario, “como lo informaba la señora ministra (del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez), tenemos un déficit presupuestal para terminar el año de aproximadamente 300.000 millones de pesos”.

Por eso, advirtió, “de no realizarse una adición presupuestal en ese sentido por parte del Congreso, nos veríamos ante una situación de imposibilidad de funcionamiento”.

Durante su intervención en la Cámara Alta, González recordó que al menos 800 excombatientes de las hoy pacificadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son funcionarios de la UNP gracias al proceso de paz de La Habana.

En tanto, la ministra Gutiérrez explicó en el mismo recinto (Salón Guillermo Valencia) que actualmente hay 7.400 personas protegidas por la UNP. De ellas, 4.200 son líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.

En lo que va corrido del año, enfatizó la titular de la cartera del Interior, la UNP ha recibido 5.000 solicitudes de personas que dicen deben ser protegidas por la mencionada entidad. Todas esas solicitudes se están revisando a profundidad.

Se calcula que más de 100.000 colombianos participarán en octubre próximo de las elecciones para elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Gran parte de esos políticos, seguramente, pedirán protección para sus vidas.