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UNP en mesa de casos urgentes, la perspectiva LGTBI

UNP en mesa de casos urgentes, la perspectiva LGTBI

El caso de una pareja de hombres homosexuales denunciada por la comunidad ante la Policía por haberse tomado de la mano en el espacio público o la expulsión de una mujer transexual que descansaba en un parque al ser calificada por las autoridades locales como un hombre disfrazado y, por lo tanto, un mal ejemplo para la ciudadanía, son apenas algunas de las múltiples discriminaciones que a diario enfrentan los integrantes de la comunidad LGBTI en el país. A pesar de haber logrado beneficios históricos como el aval de la Corte Constitucional a la unión entre parejas del mismo sexo bajo la denominación de matrimonio, le reclaman al Estado el goce pacífico de sus derechos.

​​​En respuesta a los requerimientos de protección formulados por la comunidad LGTBI, se integró desde el año 2013 la llamada Mesa de Casos Urgentes, un espacio interinstitucional liderado por el Ministerio del Interior para analizar y tomar decisiones frente a casos de violaciones de los derechos de la comunidad LGTBI, conformado además por la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la Fiscalía General de la Nación, que tiene a su cargo la Secretaría Técnica de dicha instancia.

​​“Para nosotros la Mesa de Casos Urgentes es un espacio de reacción inmediata donde el Estado actúa como un aliado, sobre todo para prevenir y sancionar hechos violatorios de los derechos de la comunidad LGTBI, que en su mayoría es víctima, no victimaria como se piensa comúnmente“, dice el sociólogo Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, quien dirigió la investigación ‘Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado’ auspiciada por el Centro de Memoria Histórica, la cual indaga sobre la situación de esta población desde 1964 hasta la fecha y cuyos resultados presentó a finales de 2015 a la Mesa de Diálogo de La Habana.

​A pesar de avalar la gestión de la Mesa de Casos Urgentes y su atención focalizada a la situación de la población LGBTI, Wilson Castañeda dice que ha venido sosteniendo un diálogo institucional con la UNP donde propone modificaciones al proceso que sigue la entidad para atender a dicha comunidad, para que sus integrantes sean catalogados como personas de especial protección por derecho propio y que su orientación sexual o identidad de género no sea solo un elemento más al momento de evaluar su nivel de riesgo. Afirma que la función que cumple la Mesa de Casos Urgentes se debe regionalizar y propone una atención estatal a la comunidad LGBTI con base en sistemas de información adecuados al contexto en el que sus integrantes vive y trabajan, observaciones que son valiosas y que representan un reto para la institucionalidad, pues de acuerdo a la normativa actual, “la protección deriva de la conexidad entre el riesgo y el ejercicio ​​de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”.

​Por su parte el fiscal Mauricio Noguera, actual Secretario Técnico de la Mesa de Casos Urgentes y Coordinador del equipo de género y enfoque diferencial de la Fiscalía General de la Nación, señala que “la participación de la UNP en dicho espacio interinstitucional es fundamental porque muchos de los casos que se conocen están relacionados con amenazas o violencia contra defensores de derechos humanos del sector LGTBI”. Agrega que “el papel la UNP es muy importante porque puede mediar en esas situaciones e intervenir directamente ofreciéndole protección a los activistas con un enfoque que reconozca la orientación sexual e identidad de género de estos defensores de derechos humanos”. Considera el fiscal Noguera que “la UNP, desde su conocimiento y experiencia a nivel local, nos permite generar fácilmente enlaces con las entidades de ese nivel territorial”.

En el marco de la Mesa de Casos Urgentes, la Unidad Nacional de Protección continúa la evaluación y análisis de la situación de las personas que son objeto del Programa, con un enfoque de género que permite identificar especiales vulnerabilidades de la comunidad LGBTI, al tiempo que fortalece su presencia en escenarios departamentales y municipales donde esta comunidad siente que el país aún tiene con ella una gran deuda social. ​

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