Comunicado
1. El dato reportado, según el cual se presentaron 130 amenazas en contra de periodistas el año pasado no es preciso. Si bien la Unidad Nacional de Protección realizó 130 evaluaciones de riesgo el año pasado, no todos los casos responden a amenazas o a intimidaciones, son verificaciones que realiza el programa de protección donde se evalúa el contexto de riesgos y vulnerabilidades de la persona que solicita protección
2. En 67 casos de los 130 evaluados, el Programa de Protección determinó que era necesario implementar medidas especiales de protección, no necesariamente ligadas a hechos de amenazas sino a situaciones en las que se identificó que el ejercicio de la actividad periodística generaba un riesgo especial para la persona
3. En 63 casos de los 130 evaluados, el Programa de Protección determinó que el riesgo al cual estaban expuestos los evaluados era de carácter Ordinario, lo cual genera para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación de adoptar medidas especiales de protección
4. Bajo este contexto es impreciso señalar que Bogotá es el caso donde se presentaron mayores amenazas, seguido por Cesar y así sucesivamente. El reporte entregado por el Grupo de Valoración Preliminar no puede interpretarse como un informe de amenazas sino simplemente como de casos en los cuales se evaluaron situaciones de riesgo.
5. La Unidad Nacional de Protección no es una fuente de información del Estado respecto de Amenazas en contra de persona alguna, facultad que corresponde a la Fiscalía General de la Nación.
6. La Unidad Nacional de Protección manifiesta su respaldo y compromiso permanente con la importante labor que realizan los Periodistas en Colombia y destaca la interlocución permanente con la Fundación para la Libertad de Prensa, Federación Colombiana de Periodistas y Asociación Nacional de Medios de Comunicación con quienes hacemos especial seguimiento a cada una de las solicitudes de protección.
