La Unidad Nacional de Protección, UNP, anunció hoy la creación del Comité Especial de Protección Electoral para la seguridad de los aspirantes a las elecciones de octubre próximo y la coordinación especial con la Dirección de inteligencia de la Policía Nacional para la verificación del contexto político que rodea el debate.

Así lo indicó el director de la UNP, Diego Fernando Mora, al hablar ante la Comisión Nacional de Seguimiento y Coordinación Electoral que reúne a las instituciones encargadas de analizar el entorno electoral y adoptar las acciones para procurar su normalidad. Explicó que el Comité Especial de Protección Electoral estará coordinado por la UNP y contará con la participación de representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y delegados de los partidos políticos.

Indicó el alto funcionario que las medidas adoptadas obedecen a la presencia del crimen organizado especializado y a los hechos de violencia registrados contra el sector político en el periodo 2014-2015. Informó que en la actualidad 116 municipios son catalogados de alto riesgo en materia de seguridad para los aspirantes, mientras que otros 59 aparecen calificados como de riesgo extraordinario.

Al referirse al denominado “escenario de atención electoral”, en el que se visualiza el nivel de quejas y denuncias en el marco del proceso electoral y los delitos contra los mecanismos de participación democrática en el periodo 2014-2015, señaló que el departamento del Chocó registra riesgo extraordinario, mientras que se catalogaron como de alto riesgo 9 departamentos entre los que figuran: Guajira, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Antioquia, Cundinamarca, Valle, Nariño y Putumayo.

Afirmó Diego Fernando Mora que las medidas de seguridad anunciadas para los aspirantes a los cargos de elección popular obedecen a “la presencia de grupos de crimen organizado especializado (C.OE.), alertas tempranas e informes de riesgo sobre posible alteración de orden público, repercusiones criminales con ocasión del levantamiento del cese al fuego por las partes negociadoras en La Habana, Cuba, acciones del crimen organizado especializado en 2015 a nivel nacional, antiguas bandas criminales y la posible alteración del orden público en municipios donde existe alta influencia de organizaciones al margen de la ley”.

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